El Salvador, bitcoin y la dolarización dual: 5 años después

El punto de partida: dolarización del 2001

Antes de bitcoin estuvo el colón. Y antes de Bukele estuvo Francisco Flores. El 30 de noviembre del año 2000, la Asamblea Legislativa salvadoreña sancionó la Ley de Integración Monetaria. Entró en vigor el 1 de enero de 2001 y autorizó la circulación irrestricta del dólar estadounidense junto al colón salvadoreño, fijado a 8,75 colones por dólar.

La medida no nació de una crisis comparable a la ecuatoriana. El colón estaba relativamente estable, la inflación controlada, las reservas en niveles razonables. La motivación fue distinta: bajar tasas de interés, atraer inversión extranjera y consolidar la apertura comercial. El Banco Central de Reserva dejó de emitir colones nuevos. Para 2004, el colón ya casi no circulaba.

El resultado de los primeros quince años fue mixto. Las tasas de interés bajaron como se esperaba. La inflación quedó alineada con la estadounidense. Pero el crecimiento no despegó: El Salvador creció menos que el promedio centroamericano entre 2001 y 2019. La estabilidad cambiaria sirvió, no transformó.

El anuncio: junio de 2021

El 5 de junio de 2021, Nayib Bukele anunció por video desde la conferencia Bitcoin 2021 en Miami que El Salvador presentaría una ley para adoptar bitcoin como moneda de curso legal. Cuatro días después, la Asamblea Legislativa —donde su partido tenía mayoría absoluta— la aprobó en una sesión que duró menos de cinco horas. La Ley Bitcoin entró en vigor el 7 de septiembre de 2021.

El texto era breve y categórico: "todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio". El cambio se podía hacer instantáneamente a dólar usando la Chivo Wallet, billetera oficial del Estado. Cada salvadoreño que la descargara recibía un bono de USD 30 en bitcoin.

La promesa pública tenía tres patas: inclusión financiera para los 70 % no bancarizados, reducción del costo de las remesas —entre 6 % y 10 % en intermediarios tradicionales— y atracción de inversión cripto al país. Las tres se cumplieron parcialmente, ninguna como prometía la presentación inicial.

La Chivo Wallet y la adopción real

La descarga inicial fue masiva por el bono. Para fines de septiembre de 2021, más de 2 millones de salvadoreños —de una población de 6,3 millones— habían instalado Chivo. La cifra fue celebrada como evidencia de adopción. Los estudios posteriores la matizaron severamente.

Un trabajo del National Bureau of Economic Research (NBER), publicado en 2022 por Alvarez, Argente y Van Patten, encontró que tras la primera oleada del bono, el uso decayó de forma abrupta. Para el cierre del primer año, solo el 20 % de los descargantes seguía operando activamente y menos del 5 % de las transacciones del país usaba bitcoin.

Estudios posteriores de la Universidad Francisco Gavidia y la UCA confirmaron la tendencia. En la encuesta de 2024, menos del 10 % de los hogares había usado bitcoin en los últimos 12 meses para una transacción real —sin contar conversión inmediata a dólar—. La gran mayoría que conservó la app la usa para recibir remesas en dólar, no para mantener bitcoin.

Remesas: la promesa más concreta

De las tres promesas iniciales, la de las remesas era la más medible. El Salvador recibe más de USD 8.000 millones anuales desde Estados Unidos, equivalentes al 24 % del PIB en 2024, según el Banco Central de Reserva. Reducir un punto porcentual del costo de envío significa cientos de millones por año para las familias receptoras.

Lo que efectivamente pasó: las remesas vía bitcoin/Lightning Network nunca superaron el 2 % del total. La gran mayoría de las familias siguió usando Western Union, MoneyGram, Remitly o transferencias bancarias directas. Los motivos son culturales y operativos: los receptores son mayoritariamente adultos mayores en zonas rurales con conectividad limitada y desconfianza hacia activos volátiles.

Donde sí hubo impacto fue indirecto: la competencia. Algunas remesadoras tradicionales bajaron comisiones para retener clientes que coqueteaban con probar Chivo. El Banco Mundial documentó una baja agregada del costo medio de remesas a El Salvador entre 2021 y 2024, aunque atribuirla exclusivamente a bitcoin sería simplista.

Bitcoin no reemplazó al dólar en El Salvador. Quedó como un pliegue dentro de un sistema que ya estaba dolarizado, con uso real concentrado en turismo cripto y en una franja chica de usuarios urbanos jóvenes. — Lucía Marenco, mayo 2026

La tesorería: bitcoin en el balance soberano

El gobierno salvadoreño no se limitó a permitir bitcoin: lo compró. Bukele anunció en distintas oportunidades, vía Twitter, compras del orden de 200 a 2.300 BTC. A mayo de 2026, las tenencias declaradas del Estado superan los 6.000 BTC, según el portal oficial Bitcoin Office del gobierno. Al precio actual, eso significa una posición de varios cientos de millones de dólares.

El mark-to-market osciló salvajemente. En noviembre de 2021, con bitcoin cerca de USD 69.000, la posición estaba con ganancias amplias. En diciembre de 2022, con BTC en USD 16.500, la mayoría de las compras estaban bajo el precio de costo y la prensa internacional hablaba de "bancarrota técnica". El rally de 2024-2025 volvió a poner la posición en superávit no realizado.

La cuestión no es solo financiera. Es de gobierno corporativo: un Estado pequeño con un balance expuesto a un activo cuya volatilidad anualizada supera el 60 %. El FMI lo señaló desde el primer momento. La Misión Artículo IV de 2022 ya advertía sobre los riesgos macroeconómicos y de integridad financiera.

La tensión con el FMI y el acuerdo de 2024

Durante tres años, El Salvador y el FMI negociaron sin acuerdo. El organismo pedía mayor transparencia sobre las tenencias estatales de bitcoin, controles más estrictos sobre Chivo y la eliminación del estatus de moneda de curso legal forzoso para bitcoin en transacciones comerciales. El gobierno se resistía a esto último por motivos políticos: era el símbolo de la marca Bukele.

En diciembre de 2024, después de tres años de tira y afloje, llegó el acuerdo Stand-By por aproximadamente USD 1.400 millones. Las condiciones cambiaron el lenguaje de la Ley Bitcoin: la aceptación pasó de obligatoria a voluntaria para el sector privado, se restringió el uso para pagar impuestos y se aumentaron los requisitos de transparencia sobre Chivo y las tenencias soberanas.

El acuerdo no eliminó bitcoin como moneda de curso legal. Lo desmontó parcialmente. En 2025 y lo que va de 2026, el rol oficial de bitcoin en la vida pública salvadoreña es decisivamente más bajo que en 2022. La Chivo Wallet, aunque sigue operativa, ya no es el símbolo de gobierno que era.

El turismo cripto y Bitcoin Beach

Donde el experimento sí dejó huella visible es en algunas microeconomías locales. El Zonte, una playa de surf del departamento de La Libertad, se convirtió en lo que se conoce como Bitcoin Beach: un pueblo donde gran parte de los comercios acepta bitcoin de manera fluida, alimentado por un flujo permanente de turistas cripto de Estados Unidos, Europa y Asia.

El turismo internacional creció. Las estadísticas oficiales de turismo muestran un aumento del 30 % entre 2019 y 2024 en visitantes extranjeros, con una composición distinta a la previa: más norteamericanos de edad media, mayor gasto promedio. Cuánto de eso es atribuible a bitcoin y cuánto a la mejora en seguridad —el tema central de Bukele— es discutible.

Lo que sí es claro es que la marca país cambió. El Salvador pasó de aparecer en titulares internacionales por la violencia de las maras a aparecer por bitcoin y luego por seguridad. La conversación cambió de tono. Eso tiene valor económico no medible directamente pero relevante para la inversión y el turismo.

Geotermia y bonos volcán

El gobierno anunció en 2021 que parte del minado de bitcoin se haría con energía geotérmica de los volcanes del país. Es un proyecto que se ejecutó parcialmente: La Geo, la empresa estatal de energía, dedicó capacidad limitada al minado. Las cifras concretas nunca fueron publicadas con detalle suficiente como para evaluarlas de manera rigurosa.

Los anunciados "bonos volcán" —emisión soberana en parte respaldada en bitcoin— se postergaron varias veces. Finalmente, en 2023, una versión reducida se emitió bajo el nombre de "Bond Bitcoin City". La Bitcoin City prometida —una ciudad libre de impuestos para mineros y empresas cripto— no se construyó. Los terrenos siguen siendo en gran parte propiedad estatal sin desarrollo.

Lo que el caso deja para Argentina

El experimento salvadoreño es relevante para Argentina por contraste, no por analogía directa. Lo más concreto: dos monedas legales que coexisten generan, por definición, una nueva forma de brecha. En El Salvador esa brecha quedó controlada porque uno de los dos activos —el dólar— absorbió la totalidad del comercio cotidiano y bitcoin quedó relegado a usos marginales.

Si Argentina explorara una vía cripto-monetaria en paralelo al peso, el resultado sería distinto: el peso no es el dólar, no tiene credibilidad de reserva de valor, y por tanto la criptomoneda no quedaría relegada al margen. Podría dominar, generando una desmonetización del peso por reemplazo cripto. El caso salvadoreño no es predictivo del argentino: es un escenario donde el activo dominante absorbió al desafiante, no al revés.

La otra lección concreta es sobre la cripto como dolarización informal. En El Salvador, el bitcoin no se usó como reserva de valor doméstica porque el dólar ya cumplía esa función. En Argentina, donde no la cumple, las stablecoins atadas al dólar —USDT, USDC— sí ocupan un nicho real. Son una dolarización por la puerta de atrás que ningún ministerio convocó.

Balance a cinco años

El experimento bitcoin-El Salvador no fracasó en el sentido catastrófico que algunos previeron en 2021. Tampoco triunfó en el sentido que sus promotores anunciaron. Quedó como un híbrido peculiar: una novedad regulatoria global, una infraestructura financiera nueva que sirvió para algunos usos (turismo cripto, remesas marginales, marketing país), un balance soberano expuesto a un activo volátil que terminó dando ganancias contables.

Lo que el caso demostró con claridad es que la moneda no se decreta. Una ley puede establecer que algo sea moneda de curso legal, pero la adopción depende de millones de decisiones individuales sobre confianza, costos de transacción, infraestructura y hábito. El dólar venía ganando esa elección en El Salvador desde hace dos décadas. Bitcoin entró tarde a una mesa donde ya estaba sentado un huésped que la gente había aceptado.

En 2026, El Salvador sigue siendo, primero y principalmente, una economía dolarizada. Bitcoin es un pliegue dentro de ese sistema. El experimento, visto desde el costado del peso argentino, es valioso justamente por eso: prueba que las monedas dominantes no se sustituyen fácil. Una vez instaladas en la cabeza de la gente, se resisten a moverse.

Última revisión: 26 de mayo de 2026.